Foto cortesía/ Por Francesca Aguilar

La inseguridad que se está viviendo en el país es un problema que ya ha afectando a varios sectores de la economía nacional, uno de ello ha sido el gremio camaronero que ha reportado robos a unidades productivas en las que delincuentes ingresan a predios camaroneros, amedrentan a los trabajadores y se llevan desde alimento balanceado hasta producto de piscinas. Así lo dio a conocer la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), por medio de un boletín de prensa.

De acuerdo a las denuncias realizadas, los delincuentes se sustraen además armamento y equipos de comunicación de guardias. Ante esta situación, los camaroneros han indicado estar en indefensión, ya que hasta el momento no ha existido una respuesta de autoridades frente a los sucesos.

El informe detalla que, durante el primer trimestre de 2023, se contabilizan 28 eventos delictivos contra el sector camaronero, según estadísticas de la Dirección de Seguridad de la Cámara Nacional de Acuacultura, en el que se detalla: 13 eventos a nivel fluvial y 15 a nivel terrestre, en las provincias de Guayas y El Oro, dejando un número de 22 personas heridas.

Las rutas terrestres de mayor incidencia delictiva son el kilómetro 26 de la vía naranjal, Taura, vías: Durán – Tambo y Playas. Mientras que a nivel fluvial son el Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí.

El robo a unidades productivas ha aumentado por lo menos en un 35%, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, por otro lado, el robo de producto subió a 20%, del alimento balanceado un 100% y el número de heridos ha crecido en un 100%.

José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, ha reiterado su denuncia, alegando que el crimen organizado mantiene atemorizados a camaroneros de las provincias de Guayas y El Oro, quienes no pueden sentirse tranquilos ni en sus propios predios.

El comunicado concluye indicando que el gremio entregó hace un mes un proyecto de reformas al reglamento de porte de armas para dotar de herramientas adecuadas a las empresas de seguridad que brindan el servicio de protección al sector. Resaltan que hasta la fecha no hay respuesta de parte del Ejecutivo.

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