El sector arrocero ecuatoriano atraviesa una de sus crisis más severas de los últimos años, marcada por la caída de los precios que reciben los productores, altos costos de producción, informalidad en la comercialización y falta de control estatal. Así lo advirtió José Luis García, productor arrocero del guayas, quien anunció que el próximo lunes el gremio realizará una rueda de prensa para plantear la situación y pedir soluciones urgentes frente a la difícil situación que enfrenta el campo.
En diálogo con Diario El Productor, García explicó que, con los precios actuales, los agricultores están perdiendo alrededor de 300 dólares por hectárea una vez cosechado el arroz. Según sus cálculos, si se considera que en Ecuador se siembran en promedio 250 mil hectáreas al año, la pérdida proyectada para 2026 podría alcanzar los 75 millones de dólares, si no se adoptan medidas correctivas.
El dirigente señaló que no existe información clara y precisa sobre las hectáreas sembradas, el volumen real procesado ni la capacidad de almacenamiento de la industria. A su criterio, esta falta de datos oficiales tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Producción ha contribuido a distorsionar el mercado.
Uno de los principales problemas, afirmó, es la alta informalidad en la industria arrocera, con plantas que compran y venden en efectivo, sin registros sanitarios ni trazabilidad. “En el mercado circulan marcas genéricas que no representan a ninguna industria formal. No se sabe quién procesó el arroz, cuándo se elaboró ni qué calidad tiene”, explicó.
García cuestionó además que, aunque el Ministerio de Agricultura fija precios oficiales de 34 dólares para el grano corto y 36 dólares para el grano largo por saca, estas diferencias no se reflejan en el mercado al momento de la comercialización. “Eso deprime el precio que recibe el agricultor”, sostuvo.
El productor también puso en duda la existencia de supuestos excedentes de arroz. Según datos históricos manejados por el sector, en el país se procesan alrededor de 800 mil toneladas anuales, de las cuales 740 mil se consumen internamente y unas 60 mil toneladas se exportan tradicionalmente a Colombia. “No entendemos por qué se habla de excedentes si no hay registros confiables”, afirmó.
Mientras tanto, el precio del arroz al consumidor se ha mantenido alto, alrededor de 50 centavos la libra, lo que, según García, demuestra que la caída del precio solo ha afectado al agricultor. “Ese descuento no llega al consumidor. El que paga las consecuencias es únicamente el productor”, dijo.
La crisis ya está impactando las decisiones de siembra. De acuerdo con García, muchos agricultores están desanimados y han comenzado a reducir las áreas cultivadas o incluso a abandonar la actividad. Indicó que gran parte de los productores supera los 64 años de edad y que las nuevas generaciones no están dispuestas a continuar en el campo ante la falta de rentabilidad.
“Actualmente, el valor del arrendamiento ha caído de los 300 dólares por cuadra, que se mantenían de forma histórica, a un promedio de 200 dólares. Esta reducción evidencia que incluso los propietarios que alquilan sus tierras están sintiendo el impacto de la crisis arrocera y se han visto obligados a bajar los precios de los arrendamientos ante la difícil situación del sector” destacó.
Sobre las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno, García fue crítico y señaló que no habrá soluciones reales mientras el Estado no asuma su responsabilidad. “No se le puede dejar todo al mercado. Se necesita seguridad jurídica y que se respete el precio mínimo de sustentación”, enfatizó.
En la rueda de prensa anunciada, los arroceros exigirán que se cumpla el precio mínimo oficial y expresarán su preocupación por un proyecto de ley de fomento agropecuario que se tramita en la Asamblea Nacional y que, según el dirigente, podría eliminar los precios mínimos de sustentación.
García recordó que el 80 % de los arroceros del país son pequeños productores, con predios de alrededor de cinco hectáreas, lo que los convierte en los más vulnerables del sistema. “Si hoy no se respeta el precio mínimo, imagínese qué pasaría si se elimina”, advirtió.
Finalmente, el productor se refirió a las tensiones comerciales con Colombia y aseguró que la imposición de aranceles ha afectado a toda la cadena, fomentando la informalidad y perjudicando tanto a productores como a la industria. “Estas medidas no solo afectan a Ecuador, también terminan impactando a Colombia. La informalidad es la que gana espacio”, concluyó.
