La confirmación de la presencia de Fusarium en la provincia de El Oro ha profundizado la preocupación en el sector bananero, especialmente entre los pequeños productores, quienes aseguran no estar preparados para enfrentar la propagación de esta enfermedad.
En entrevista con Diario El Productor, Jorge Teopanta, secretario de la Asociación de Bananeros de El Oro, afirmó que existe un clima de incertidumbre en el campo y que los agricultores de menor escala no cuentan con herramientas ni protocolos claros para actuar ante la emergencia fitosanitaria.
“Definitivamente no”, respondió al ser consultado sobre si los pequeños productores están preparados para afrontar el Fusarium y el moko. Según explicó, no existe un plan práctico y aplicable en territorio que les permita reaccionar de manera efectiva.
El dirigente sostuvo que, si bien se han realizado algunas capacitaciones por parte de Agrocalidad, estas han sido teóricas y no responden a la realidad operativa de fincas pequeñas, donde ingresan y salen trabajadores, proveedores y transportistas de forma constante, lo que incrementa el riesgo de contagio.
El dirigente señaló que los agricultores requieren acompañamiento técnico permanente, escuelas de campo y laboratorios en finca para trabajar en el manejo biológico del suelo mediante microorganismos antagónicos que ayuden a contener los patógenos. A su criterio, sin una estrategia integral y coordinada entre el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, el INIAP, los centros de investigación, y créditos, los productores quedan expuestos.
Además, cuestionó la falta de articulación institucional y de presupuesto para investigación, lo que —según indicó— limita el desarrollo de soluciones adaptadas a las condiciones específicas de cada zona productiva.
Inquietud también por el Decreto 231
Durante la entrevista, confirmó que el sector presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 231 ante la Corte Constitucional. Según explicó, la normativa permitiría regularizar siembras realizadas en años anteriores y habilitar nuevas plantaciones hasta el 31 de diciembre de 2026.
A su juicio, esta medida podría agravar la situación de los pequeños y medianos productores, al aumentar la superficie cultivada y presionar aún más los precios en finca. Recordó que el precio oficial de la caja de banano es de USD 7,25, pero aseguró que en algunos casos se pagan valores inferiores.
Para los productores de menor escala, señaló, la combinación de enfermedades fitosanitarias, falta de protocolos claros y cambios regulatorios genera un escenario de inseguridad productiva y económica.
“Este no es un problema únicamente de productores, es un problema integral”, manifestó, al insistir en que se requiere un plan coordinado que involucre a todos los actores del sector para enfrentar la amenaza sanitaria y evitar mayores impactos en el banano y el plátano, cultivo fundamental para Ecuador”
