Ecuador podría convertirse esta semana en uno de los primeros países del mundo en otorgar protección legal específica a las zonas de rompiente de olas como ecosistemas estratégicos nacionales. El Pleno de la Asamblea Nacional votará este jueves 21 de mayo la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, iniciativa que busca regular y proteger los ecosistemas marinos y costeros del país. Según la página web de la Asamblea Nacional, la normativa establecerá un marco integral para la gestión sostenible del espacio marino-costero ecuatoriano.
La propuesta legislativa contempla la protección de 640 kilómetros de costa continental y más de 100 zonas de surf identificadas a lo largo del perfil costero del país.
Entre los principales puntos de la ley consta la creación del Registro Nacional de Zonas de Rompientes, un catálogo técnico público de las olas del Ecuador, así como la conformación del Consejo Interinstitucional del Mar, organismo que coordinará decisiones entre distintas entidades estatales relacionadas con el manejo del espacio marino-costero.
La normativa también incorpora el principio precautorio, mediante el cual la falta de certeza científica no podrá utilizarse como argumento para retrasar medidas de protección ambiental.
Además de las zonas de surf, la ley incluye medidas para la conservación de ecosistemas sensibles como manglares, dunas y áreas de anidación de tortugas marinas, así como lineamientos para ordenar actividades relacionadas con pesca, turismo, puertos y otras actividades marítimas.
El proyecto tuvo origen en 2020, tras la movilización de comunidades costeras y surfistas de General Villamil Playas contra la construcción de un muelle que, según los colectivos ciudadanos, afectaría las olas del sector. Posteriormente surgió el movimiento Mareas Vivas, que impulsó la propuesta legislativa y recolectó más de 10.000 firmas de respaldo ciudadano.
La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales como la legislación peruana de protección de olas, considerada pionera en la región.
De acuerdo con datos citados en la propuesta, el sector pesquero representa una actividad económica relevante para el país. Según cifras del Banco Central, las exportaciones de pescado y enlatados superaron los 2.000 millones de dólares en 2025, mientras que la pesca genera alrededor de 52.000 empleos directos.
En el ámbito turístico, los impulsores de la ley sostienen que destinos como Montañita, Ayampe y Engabao reflejan el potencial económico del surf y de las actividades vinculadas al turismo costero sostenible.
