Ecuador continúa en estado de alerta preventiva frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño, considerado uno de los eventos climáticos más impactantes para el país. Actualmente, 143 de los 222 cantones ecuatorianos permanecen bajo alerta amarilla, lo que representa el 64 % del territorio nacional.
La medida, emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), abarca 489 parroquias ubicadas en 17 provincias, principalmente en zonas situadas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más vulnerables a inundaciones, deslizamientos y otros efectos asociados al fenómeno climático.
Los pronósticos más recientes indican una probabilidad del 82 % de desarrollo de El Niño durante los próximos meses, mientras que para el período comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 la probabilidad asciende al 96 %, según los organismos de monitoreo climático.
Las provincias con mayor nivel de exposición son Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde todos sus cantones se encuentran bajo la medida preventiva. También están incluidos los tres cantones de Galápagos.
Ante este escenario, el Gobierno Nacional ha reforzado las acciones de preparación y respuesta. Entre ellas se encuentran la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), la actualización de planes de contingencia, la identificación de alojamientos temporales y el fortalecimiento del abastecimiento de ayuda humanitaria.
Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas a través de las instituciones técnicas y científicas responsables de evaluar la evolución del fenómeno.
La preocupación se fundamenta en los antecedentes históricos del país. El evento de El Niño de 1997-1998 fue uno de los más severos registrados en Ecuador, provocando pérdidas superiores a USD 2.800 millones y afectando a cerca de seis millones de personas, además de generar graves daños en infraestructura, agricultura, salud y vialidad.
Las autoridades recomiendan a los gobiernos locales, productores agropecuarios y ciudadanía en general mantenerse informados y ejecutar medidas preventivas para reducir los posibles impactos de este fenómeno climático que podría intensificarse durante los próximos meses.
