La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional continuó el análisis de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial, orientadas a sancionar los delitos cometidos en mares, ríos, esteros y otros espacios acuáticos del país. En el marco de este debate compareció Andrés Arens Hidalgo, presidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), según informó la página web de la Asamblea Nacional.
Durante su intervención, Arens señaló que el incremento de robos de embarcaciones, motores y equipos de trabajo, así como los hechos de violencia registrados en zonas marítimas y fluviales, generan afectaciones económicas para los pescadores y trabajadores vinculados a estas actividades.
El representante de la CIAT planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y persecución de delitos en los espacios acuáticos, aunque advirtió que la normativa debe incorporar disposiciones que eviten impactos sobre el sector pesquero artesanal.
Entre las observaciones presentadas constan la diferenciación entre pescadores y transportistas que realizan actividades legales y quienes participan en actos ilícitos; la exclusión de herramientas de trabajo pesquero de interpretaciones que las equiparen a armas blancas; y la definición de criterios objetivos para la ejecución de controles e inspecciones.
Además, propuso avanzar en la formalización de la pesca artesanal y evitar que la falta temporal de permisos o trámites administrativos pendientes sea considerada como un indicio de actividad delictiva. También sugirió fortalecer los registros de las autoridades marítimas y pesqueras para mejorar la identificación de quienes desarrollan actividades productivas en los espacios acuáticos.
En la sesión, el legislador Franklin Samaniego planteó la necesidad de incluir mecanismos de protección para los pescadores artesanales y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Marítima. Por su parte, la presidenta de la comisión, Camila León, señaló que la normativa debe permitir diferenciar a quienes realizan actividades productivas legítimas de quienes utilizan los espacios acuáticos para cometer delitos.
La comisión legislativa continuará receptando criterios técnicos y especializados antes de elaborar el informe correspondiente para el trámite de las reformas legales.
