La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos contra siete compradores del sector arrocero al encontrar indicios preliminares de que habrían adquirido arroz paddy verde por debajo de los precios mínimos establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Se trata de la primera actuación de este tipo desde la entrada en vigor del régimen de libertad regulada, una medida considerada clave para proteger los ingresos de los productores en las principales zonas arroceras del país.
La decisión fue anunciada por la entidad este 5 de agosto y corresponde a investigaciones sobre operaciones realizadas entre agosto y diciembre de 2025 en las zonas productivas del Bajo Cauca, Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes.
De acuerdo con la SIC, los procedimientos administrativos se encuentran en etapa de formulación de cargos, por lo que aún no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas investigadas.
Las actuaciones fueron iniciadas contra Agroindustria Sismar S.A.S., Agrointegral Andina S.A.S., Arrocera Don Llano, Arrocera Formosa S.A.S., Coproarroz del Llano S.A.S., Estación Agrícola S.A.S. y Villarroz S.A. Según el comunicado, las investigaciones corresponden a las primeras formulaciones de cargos relacionadas con el presunto incumplimiento del régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde, implementado mediante la Resolución 241 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Precio mínimo del arroz: por qué la SIC abrió los procesos administrativos
La Superintendencia explicó que el esquema de libertad regulada funciona como un mecanismo de protección para los productores, al establecer un precio mínimo de compra que debe respetarse en las operaciones sometidas a la regulación. Aunque compradores y vendedores pueden pactar un valor superior, la norma prohíbe realizar adquisiciones por debajo del piso fijado para cada una de las zonas productivas definidas por el Ministerio de Agricultura.
“La regulación del precio mínimo no puede quedarse en el papel. Detrás de cada tonelada de arroz hay productores que invierten, trabajan y asumen riesgos. La SIC tiene el deber de verificar que la norma se cumpla y actuar cuando encuentra indicios de una posible infracción, sin anticipar la decisión que corresponda“, señaló la entidad en el comunicado.
Para verificar el cumplimiento de la medida, la Superintendencia realizó visitas de inspección entre enero y abril de 2026 a empresas y establecimientos del sector arrocero. Además, recopiló información contable, financiera y comercial relacionada con las compras efectuadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025. Tras comparar los precios efectivamente pagados con los mínimos establecidos para cada zona, encontró indicios de que algunas operaciones se habrían realizado por debajo del valor regulado.
Empresas investigadas podrán presentar descargos antes de una decisión final
La SIC también indicó que algunas de las empresas investigadas se acogieron al acuerdo de estabilización autorizado por la entidad. Sin embargo, el análisis preliminar concluyó que las operaciones objeto de los cargos habrían sido realizadas en periodos no cobijados por ese mecanismo, razón por la cual debían cumplir con el precio mínimo establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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