En el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, presentó una serie de observaciones estructuradas en cuatro ejes fundamentales: institucionalidad, sostenibilidad financiera, interinstitucionalidad y seguridad.
Según informó la página oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, Olsen expuso sus planteamientos durante una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, destacando la necesidad de consolidar un marco legal robusto que garantice la protección efectiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Propuestas para una nueva institucionalidad y fondo ambiental
En el eje de institucionalidad, el legislador propuso la creación de una nueva entidad autónoma y técnica, con atribuciones normativas, sancionadoras y de articulación intersectorial, que lidere la gestión del sistema de áreas protegidas del país.
Asimismo, en cuanto a sostenibilidad financiera, planteó la constitución de un Fondo Nacional para la Gestión Ambiental, alimentado por tasas, regalías, alianzas público-privadas e incentivos tributarios, con el objetivo de financiar iniciativas de bioeconomía y turismo responsable.
Gestión participativa y seguridad frente a delitos ambientales
Olsen también insistió en fortalecer la interinstitucionalidad, garantizando una gestión participativa con la inclusión de gobiernos locales, comunidades, organizaciones no gubernamentales y pueblos indígenas.
En el eje de seguridad, el titular del Parlamento propuso que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tengan competencia directa para intervenir ante delitos ambientales, en respuesta a la creciente amenaza del narcotráfico, la minería ilegal y la falta de control en zonas protegidas.
“Más de 400 hectáreas han sido afectadas por actividades ilícitas”, advirtió Olsen, al tiempo que subrayó que el turismo debe convertirse en el vehículo para la conservación y el desarrollo sostenible.
Turismo, conservación y una ley con voz para la naturaleza
El legislador recordó que alrededor de 1,4 millones de turistas nacionales y extranjeros visitan cada año las áreas protegidas del país, lo que representa una gran oportunidad para generar empleo local y proteger la biodiversidad.
“Esta ley busca ser la voz de quienes no pueden hablar”, afirmó Olsen, en referencia a la fauna y flora silvestre. Añadió que la normativa busca reforzar los mecanismos de protección ambiental, al tiempo que impulsa el desarrollo sostenible en las zonas cercanas a estos territorios.
El proyecto continúa en análisis dentro de la Comisión, en medio del compromiso de avanzar en una legislación que responda tanto a los desafíos ambientales como a las oportunidades de desarrollo local.
