La pitahaya se ha consolidado en los últimos años como uno de los productos agrícolas con mayor crecimiento en el Ecuador, gracias a su creciente demanda en mercados internacionales y a la expansión de su cultivo en varias provincias del país. Sin embargo, la ausencia de un marco legal que regule su producción y comercialización mantiene en vulnerabilidad a miles de productores.
En este contexto, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero recibió este martes 6 de enero a Estalin Tzamarenda Naychapi, alcalde del cantón Palora, en la provincia de Morona Santiago, quien expuso sus observaciones al proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Sustentación del Precio de la Pitahaya.
Durante su intervención, el burgomaestre solicitó a los legisladores agilizar el tratamiento de esta iniciativa legal, con el fin de beneficiar a los productores de pitahaya, un cultivo que —según señaló— posee un alto potencial en los mercados internacionales, pero carece de un respaldo jurídico que proteja tanto la producción como la comercialización.
Tzamarenda enfatizó la necesidad de establecer un precio mínimo de sustentación que, al menos, cubra los costos de producción. Explicó que actualmente el precio del kilo de pitahaya puede oscilar entre tres y cinco dólares y, en cuestión de días, caer hasta 30 centavos, debido a la ausencia de mecanismos oficiales que garanticen un pago justo al productor.
El alcalde indicó que solo en la provincia de Morona Santiago existen más de 4.000 hectáreas destinadas al cultivo de pitahaya. Añadió que, pese a las dificultades que enfrenta el sector, en 2025 se registraron ventas por 176 millones de dólares, con exportaciones a más de 50 destinos internacionales, sin que exista un respaldo efectivo por parte de las autoridades del ramo.
Finalmente, recordó que el proyecto de ley no beneficiará únicamente al cantón Palora, sino a todas las provincias productoras de pitahaya del país. Aseguró que la normativa permitiría proteger tanto a productores como a exportadores, quienes actualmente se ven afectados por la intermediación y la falta de políticas públicas que aseguren el pago de un precio justo.
