El sector arrocero ecuatoriano atraviesa una etapa de preocupación debido a reclamos relacionados con el incumplimiento del precio mínimo de sustentación, el aumento de los costos de producción y el debate legislativo sobre posibles cambios en la normativa que regula el sector. Productores han advertido que la eliminación de este mecanismo podría afectar la estabilidad económica de miles de pequeños agricultores.
En este contexto, desde las primeras horas de la mañana de este viernes, alrededor de 150 agricultores arroceros realizaron una caminata pacífica para expresar su inconformidad frente a la situación del sector.
La protesta se desarrolló desde el recinto La Seca, en el bypass de Nobol, en la provincia del Guayas, hasta el peaje, recorriendo aproximadamente cinco kilómetros. La movilización se extendió durante cerca de dos horas, entre las 08:00 y las 10:00, y se llevó a cabo de forma pacífica.
Durante la jornada, los productores manifestaron su preocupación por los incumplimientos en el precio mínimo de sustentación del arroz, señalando que este mecanismo es clave para garantizar que la cosecha se comercialice a un valor que cubra los costos de producción.
Asimismo, los agricultores expresaron su rechazo a propuestas que, según indicaron, se estarían analizando dentro de la Ley de Fomento Agropecuario en la Asamblea Nacional, que contemplarían la eliminación de este precio de referencia. A su criterio, esta medida podría afectar a cerca de un millón de pequeños productores vinculados a la cadena arrocera.
Durante la movilización también se plantearon otros pedidos al Gobierno Nacional. Entre ellos, los agricultores solicitaron permitir mayor inversión privada para el desarrollo de una industria petroquímica en el país, con el objetivo de producir fertilizantes y reducir el costo de insumos como la urea, cuyo precio —según indicaron— se ha incrementado debido a factores internacionales.
Además, propusieron la construcción de dos plantas de almacenamiento de arroz, una en Daule y otra en Babahoyo, con el fin de fortalecer las reservas estratégicas del grano en el país.
Los productores señalaron que los problemas relacionados con los precios y los altos costos de producción pueden generar dificultades para pagar deudas, pérdida de empleo en el campo y migración hacia las ciudades, por lo que insistieron en la necesidad de mantener políticas que aseguren condiciones justas para la producción agrícola.
Adicionalmente, los productores mencionaron el Decreto 307, en el que se establece la compra de arroz y maíz por parte del Estado. Sin embargo, señalaron que el ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, habría indicado que no se realizaría la compra de maíz, situación que —según los agricultores— estaría afectando también al sector productor maicero.
