La Asamblea Nacional del Ecuador informó en su página web que la Comisión del Derecho a la Salud sesionó en Cuenca como parte del proceso de fiscalización a la Red Pública Integral de Salud, donde recibió a la directora del Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Giovanna Paola Ubidia Burbano.
Durante su comparecencia, la funcionaria expuso la situación actual del sistema, destacando avances en abastecimiento de medicamentos, ampliación de cobertura y mejoras operativas en la atención a la población rural.
El Seguro Social Campesino atiende a cerca de 1,9 millones de beneficiarios a través de 659 dispensarios a nivel nacional. Además, cuenta con más de 427.000 jefes de hogar afiliados, 144.000 jubilados y articula su trabajo con aproximadamente 3.500 organizaciones sociales.
En relación con el abastecimiento, se reportó un incremento en la disponibilidad de medicamentos, que pasó del 28 % en agosto de 2025 al 75 % en marzo de 2026. En el caso de dispositivos médicos, el suministro subió del 25 % al 65 % en el mismo periodo.
Entre los principales avances, se destacó la implementación del derecho al montepío, prestación por viudez y orfandad que, aunque existía desde la creación del sistema, no se había aplicado. Actualmente, cerca de 5.000 beneficiarios reciben pensiones mensuales, con una inversión acumulada de aproximadamente 3,37 millones de dólares.
Asimismo, se informó sobre la reactivación del pago del bono geográfico para el personal de salud que trabaja en zonas rurales, así como la intervención y mantenimiento de 197 dispensarios en 21 provincias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
En el ámbito productivo, se implementaron bioferias campesinas que han permitido la participación de más de 1.000 emprendedores y la asistencia de más de 20.000 personas en 154 ferias realizadas a nivel nacional.
Durante la sesión, los legisladores solicitaron información adicional sobre el historial de pagos del bono geográfico, la aplicación del montepío y los detalles de las intervenciones en infraestructura.
La Comisión ratificó que continuará con el proceso de fiscalización para evaluar la gestión del sistema y su impacto en la atención de la población rural.
