La palma de cera, perteneciente al género Ceroxylon, es una especie emblemática de los ecosistemas andinos, reconocida por su gran altura y su importancia ecológica. Se desarrolla en bosques montanos húmedos, principalmente en zonas de entre 1.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde cumple funciones clave como la provisión de alimento y refugio para diversas especies de fauna.
En Ecuador, estas palmas se distribuyen en varias provincias de la Sierra y zonas de estribación andina, con presencia en territorios de Pichincha, Imbabura, Carchi, Tungurahua y Loja, entre otras. Su crecimiento es lento y su regeneración natural limitada, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a actividades extractivas.
En este contexto, en el Jardín Botánico de Quito se presentó la campaña nacional “Tradición y Conservación van de la mano”, una iniciativa que busca reducir la extracción ilegal de palma de cera durante la celebración de la Semana Santa.
La actividad es impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía, que desde hace más de 15 años articula acciones con la Iglesia Católica y la Policía Nacional del Ecuador para proteger seis especies de este género, varias de ellas clasificadas como Vulnerable y En Peligro Crítico.
Las autoridades reiteraron que la extracción de hojas jóvenes o cogollos pone en riesgo la supervivencia de estas palmas, ya que en muchos casos implica su tala. Esta situación es especialmente crítica considerando que estas especies pueden tardar más de 80 años en reproducirse y superar los 200 años de vida.
Además de su valor cultural, la palma de cera cumple un rol fundamental en los ecosistemas andinos. Sus frutos alimentan a distintas especies y su estructura sirve de refugio, incluyendo al loro orejiamarillo, ave en estado vulnerable a nivel global.
Como alternativa, la campaña promueve el uso de materiales sostenibles para la elaboración de ramos, como laurel, maíz, paja, arrayán, totora, ciprés, cedrón, bambú, sigse y flores ornamentales. Estas acciones se complementan con procesos de capacitación y educación ambiental dirigidos a comunidades, comerciantes y artesanos.
Según la normativa vigente, la extracción, transporte o comercialización ilegal de esta especie está sancionada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas de uno a tres años de prisión.
