Las juntas de agua potable y de riego mantienen el abastecimiento hídrico en zonas rurales donde el Estado no opera directamente los sistemas. Estas organizaciones cumplen funciones en el suministro de agua para consumo humano, producción agrícola y economías locales.
En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Energía desarrolló una jornada en el auditorio principal de la Universidad Nacional de Chimborazo, enfocada en la gestión del recurso hídrico en territorio.
Durante el evento “Fortalecimiento de la gobernanza y uso sostenible del agua en Chimborazo”, realizado el 20 de marzo, participaron autoridades, técnicos y representantes de juntas comunitarias. En este espacio se ejecutaron tres acciones: la entrega de 100 personerías jurídicas, la firma de una reforma normativa y la suscripción de un convenio interinstitucional.
Uno de los puntos centrales fue la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-0194, que regula los requisitos para la autorización de uso de agua. Según lo expuesto por la cartera de Estado, los cambios reorganizan los procedimientos vigentes, con el objetivo de reducir tiempos de trámite y precisar requisitos sin incorporar nuevas obligaciones ni costos adicionales.
De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 3 millones de personas en áreas rurales dependen de 4.690 juntas de agua potable y saneamiento, y de 2.766 juntas de riego, que en conjunto superan las 7.400 organizaciones comunitarias.
En la provincia de Chimborazo, la entrega de personerías jurídicas y otros instrumentos administrativos alcanzó a 7.417 usuarios y más de 37.000 habitantes, según información presentada durante la jornada.
Adicionalmente, se firmó un convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Penipe y el Ministerio, orientado a reforzar la gestión legal en la oficina técnica de Riobamba mediante asistencia técnica y la incorporación de personal.
Las autoridades señalaron que las reformas buscan ordenar los procesos administrativos vinculados al acceso al agua, en un contexto donde las juntas comunitarias continúan siendo el principal mecanismo de gestión del recurso en zonas rurales.
