Foto archivo/ Por Francesca Aguilar

El Gobierno de Petro acaba de cambiar las reglas del juego para el sector del cannabis. Bloomberg Línea conoció por primera vez la Resolución mediante la cual los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura ampliar a 48 meses (cuatro años), contados a partir de la cosecha, el plazo máximo que tienen los licenciatarios de cultivos de cannabis psicoactivo para llevarlo a su destino final.

Este destino final se refiere al uso de cannabis psicoactivo para investigación, exportación, entrega a un tercero ajeno a sus operaciones o ingreso al área de fabricación de derivados.

Con esta nueva Resolución, 224 del 16 de febrero de 2024, se modifica el plazo anterior de dos años (24 meses) a que se refiere la Resolución 227 de 2022, y se establece que Vencido este tiempo, el material deberá ser llevado a disposición final. (destrucción de inventario).

La normativa también especifica que en ningún caso el licenciatario de fabricación de derivados podrá llevar a su destino final un derivado de cannabis psicoactivo que no provenga de un cupo de fabricación de derivados, de un cupo excepcional de aprovechamiento de excedentes o del uso de derivados psicoactivos, o adquirido mediante importación o entrada a una zona franca desde el resto del mundo.

“Desde la industria del cannabis venimos pidiendo al Gobierno que elimine ese artículo que obligaba a los licenciatarios a destruir su inventario luego de 24 meses de haber aprovechado el cupo. Ese plazo comenzó a regir el 18 de febrero de 2024 y conocimos esta Resolución del 16 de febrero ampliando ese plazo a 48 meses, tanto para el cultivo como para la extracción. Esto en la práctica soluciona el problema a los licenciatarios, es un mensaje de buena voluntad del Gobierno. «Nos hubiera gustado que se hiciera más rápido pero entendemos que es una medida favorable para la industria». dijo a Bloomberg Línea Julián Wilches, director de asuntos regulatorios de Clever Leaves.

Y recordemos que en octubre del año pasado Asocolcanna, Asocáñamo, la Federación Colombiana de Cannabis y más empresarios del sector pidieron al Gobierno derogar esta norma, argumentando que imponía un trato discriminatorio a la industria del cannabis frente a otras industrias productivas nacionales.

También porque Colombia es importador y consumidor de muchos otros estupefacientes y no existía una norma similar u homóloga que obligara a otras industrias a destruir su inventario.

Los sindicatos señalaron en aquel momento que el sector del cannabis está muy vigilado, por lo que el número de entes de control que lo vigilan es mayor que el de otras industrias, lo que hace más difícil entender la motivación para imponer la obligación de destrucción técnica y técnica. productos. comercialmente apto para su eliminación y consumo.
Otra petición urgente

A pesar de la emisión de la Resolución antes mencionada, aún queda mucho trabajo por hacer en el sector del cannabis. Así lo afirmó Wilches, quien señaló que “la flor seca se debe recetar a los pacientes en Colombia, No tiene sentido que los pacientes en Australia, Alemania, el Reino Unido e Israel tengan acceso a la flor colombiana mientras que los pacientes aquí no. Aquí apenas tienen acceso a una fórmula maestra”.

Al respecto, fuentes cercanas al proceso indicaron a este medio que lo que se debe hacer para lograr esa prescripción es modificar el Decreto 811 de 2021 y que, pese a que el Ministerio de Justicia quiere avanzar en ese propósito, hay un mucha resistencia. entre los técnicos del Ministerio de Salud para lograr ese objetivo.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí