En el marco del análisis del proyecto de Ley Interpretativa al artículo 24 de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió a varios representantes del sector lácteo nacional, quienes expresaron su preocupación y rechazo a esta iniciativa legal.
Según detalla la página web de la Asamblea Nacional, el debate se centró en la interpretación del artículo que establece que el precio de sustentación para el productor de leche cruda debe indexarse en un 52,4 % al precio de venta al público del litro de leche UHT en funda, considerado el producto líder del mercado. A esto se suman componentes de calidad higiénica y sanitaria que también influyen en la fijación del precio. Sin embargo, la propuesta de ley busca aclarar la forma en que estos parámetros deben aplicarse, lo que ha generado controversia.
Verónica Chávez, directora del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, recordó que el país produce 5,3 millones de litros de leche al día, pero que el 48,38 % del mercado es informal, con más de 2.240 establecimientos no regulados. Advirtió que esta situación impacta la eficiencia del sector y agrava los problemas estructurales.
Por su parte, la abogada Doménica Robayo, también en representación del Centro, sostuvo que la iniciativa no puede ser considerada como interpretativa, ya que la norma vigente es clara. “La propuesta tiene un carácter reformatorio, no interpretativo”, precisó, e indicó que el gremio no respalda el proyecto en análisis.
Una posición similar expuso Juan José Lasso, presidente del Centro Agrícola de Mejía, quien afirmó que la ley recién entró en vigor hace un año, lo cual es insuficiente para medir su impacto. “No podemos permitir que una interpretación afecte a los pequeños productores”, puntualizó.
Durante la sesión, también intervino el productor ganadero Rodrigo Gómez de la Torre, quien consideró que el principal enfoque debería estar en promover el consumo de leche en el país. En este contexto, sugirió que lo más adecuado sería archivar el proyecto de ley.
Desde el Legislativo, el asambleísta Luis Molina coincidió en que la ley está vigente, pero señaló que existen contradicciones entre el texto legal, su reglamento y el acuerdo ministerial correspondiente, lo que ha generado inseguridad jurídica. Además, cuestionó las diferentes metodologías utilizadas para calcular el precio.
Finalmente, el asambleísta Juan Gonzaga propuso que, antes de tomar una decisión, es necesario verificar las posibles contradicciones normativas entre la ley, el reglamento y el acuerdo ministerial, con el fin de tomar una resolución con sustento técnico y jurídico.
El análisis del proyecto continúa en la Comisión, mientras el sector lechero espera que se mantenga el marco legal vigente sin alteraciones que puedan afectar la estabilidad y equidad en la cadena de producción.
