Según información publicada en la página oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, la Comisión de Régimen Económico recibió a delegados de los ministerios de Agricultura y de Producción, quienes expusieron los resultados de la ejecución del Presupuesto General del Estado 2025 en sus respectivas carteras.
De acuerdo con lo informado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador reportó un presupuesto codificado de USD 154,48 millones, con una ejecución global del 95,08%. Este porcentaje se desglosa en 96,70% en gasto corriente y 94,55% en inversión. La entidad señaló que el 75% de los recursos se destinó a inversión, principalmente para la entrega de bienes y servicios a pequeños y medianos productores.
La gestión institucional, según la exposición, se alineó al Plan Nacional de Desarrollo, priorizando el incremento de la productividad agrícola, la expansión del riego tecnificado, el fortalecimiento del rol de la mujer rural y el impulso a las exportaciones pesqueras y acuícolas. A nivel territorial, la mayoría de direcciones distritales superó el 95% de ejecución.
En materia de inversión, se ejecutaron USD 110,26 millones, equivalentes al 94,55% del presupuesto asignado para este rubro, en proyectos vinculados a generación de empleo, acceso a tierras y fortalecimiento del sector agropecuario.
Por su parte, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador informó que su ejecución estuvo condicionada por cambios institucionales durante 2025, entre ellos la creación del Instituto de Promoción de Exportaciones, la fusión con el Ministerio de Turismo y la transferencia de competencias en acuacultura y pesca.
Durante la sesión, la coordinadora general administrativa financiera, Ana Gabriela Caiza, explicó que el gasto corriente ordinario alcanzó una ejecución del 95,47%, aunque la ejecución global se vio afectada por los plazos requeridos para implementar el Fondo de Desarrollo Turístico, recibido en octubre.
En el componente de inversión, la ejecución fue del 88,68%, con énfasis en proyectos de promoción de inversiones, competitividad y fortalecimiento de los sectores productivo, acuícola y pesquero.
Durante el análisis, los legisladores plantearon observaciones relacionadas con procesos de contratación pública, concentración del gasto, mecanismos de seguimiento y resultados de los proyectos, así como la necesidad de optimizar la ejecución en territorios con menores niveles de cumplimiento.
