El Ecuador ha mantenido por décadas una política comercial proteccionista, especialmente en el área agropecuaria, lo cual si bien asegura en cierta forma la existencia de muchos productores y empresas, nos puede ir alejando, cada vez más, de la cancha del comercio mundial, donde la competitividad es factor determinante.
Por lo tanto es de primordial importancia estratégica que, como política de estado, se conduzca, mediante incentivos, créditos y capacitación al sector agropecuario hacia una mayor eficiencia en sus parámetros de producción, esto es costos y calidad respetando el medio ambiente.
Uno de los casos emblemáticos y de larga data que ejemplifica esta situación es el cultivo del maíz. Hace 5 años, gracias a una iniciativa del Mipro y luego del Magap, se logró sentar en la misma mesa a todos los actores de la cadena del maíz: agricultores, industria de alimentos balanceados y productores de proteína animal, con el grato resultado de la firma de un acuerdo y compromiso de que la industria absorbería la cosecha de maíz nacional y que, al mismo tiempo, los agricultores maiceros, junto al Magap como soporte técnico y financiero, irían aumentando sus rendimientos y reduciendo sus costos unitarios (por qq) a fin de que toda la cadena vaya ganando en competitividad y acercándose a las condiciones de producción de nuestros países vecinos.
Desafortunadamente, no ha ocurrido lo que se había acordado y, lo que es más grave, el gobierno (Magap) se olvidó del espíritu con que se firmó y se selló ese acuerdo entre los actores: reducir los costos, ganar en competitividad.
Hoy la industria de alimentos balanceados y la avicultura y porcicultura enfrentan asombrados y sin que sus voces tengan eco, un mercado de maíz especulativo, con precios de $400 por tonelada, en plena cosecha, lo cual refleja una escasez relativa del grano y la falta de políticas públicas que sirvan para equilibrar estas condiciones anómalas del mercado. Consideremos que aún pagando un 45% de aranceles o de protección, el maíz importado costaría alrededor de $300 la tonelada puesto en Guayaquil.
Es necesario que el gobierno y el Magap en este caso, asuman una visión equilibrada e integral de las cadenas. No se puede ni debe sobre proteger al sector primario. Esto equivale a solapar ineficiencias y a generar la pérdida de competitividad de toda la cadena del maíz.
Se espera que los diálogos público privados enmarcados en las mesas sectoriales y temáticas del Consejo Consultivo Productivo – Tributario, den sus frutos y todos podamos ser escuchados y atendidos sin favoritismos.
Autor: Jorge Josse Moncayo
Ing Agrónomo – Ec. Agrícola
