INTERNACIONAL: Aumenta presión internacional para imponer una tasa a las emisiones de CO2 al sector marítimo mundial

La Unión Europea, Canadá, Japón y los Estados insulares del Pacífico, vulnerables al cambio climático, figuran entre los 47 países que apoyan la imposición de una tasa a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector del transporte marítimo internacional. Los documentos al respecto,e se debaten en la reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 81) de la Organización Marítima Internacional (OMI) que se realiza entre el 18 y el 22 de marzo, esbozan cuatro propuestas sobre imponer una tasa por cada tonelada de gas de efecto invernadero que produzca el sector, informa Reuters.

Sus partidarios sostienen que esta política podría recaudar más de US$80.000 millones al año en fondos que podrían reinvertirse en el desarrollo de combustibles bajos en carbono y ayudar a los países más pobres a realizar la transición. Sus detractores, entre ellos China y Brasil, afirman que penalizaría a las economías emergentes dependientes del comercio marítimo.

Cabe recordar que la OMI acordó el año pasado el objetivo de reducir las emisiones en un 20% para 2030, y llegar a cero emisiones netas en torno a 2050. Aunque la semana pasada los países acordaron seguir negociando el precio de las emisiones, un resumen oficial de la reunión señalaba que estaban «divididos en varias cuestiones» respecto a la idea.

Países que apoyan la iniciativa 

Una propuesta presentada por las Islas Marshall, Vanuatu y otros países propone una tasa de US$150 por tonelada de CO2. Según los investigadores, dicho monto podría hacer que las inversiones en sistemas de propulsión por amoníaco con bajas emisiones de carbono resultaran económicas en comparación con los buques convencionales.

Otra propuesta, de los 27 países de la UE más Japón, Namibia, Corea del Sur,  la Cámara Marítima Internacional y otros, aboga por combinar un precio de las emisiones del sector  con una norma mundial de emisiones para el combustible.

Países en desacuerdo 

China, Brasil y Argentina se opusieron el año pasado a la idea de un impuesto sobre las emisiones de CO2 en las negociaciones de la OMI. Según un estudio de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), un impuesto sobre el carbono para el transporte marítimo reduciría el PIB de los países en desarrollo en un 0,13%, siendo África y Sudamérica las regiones más afectadas.

Un negociadorafirmó que Brasil y otros países en desarrollo buscan una transición energética rápida con los menores efectos negativos posibles para sus economías, especialmente para los países que dependen del comercio marítimo.

Una propuesta de Argentina, Brasil, China, Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay aboga por un límite global de intensidad de las emisiones de combustible, con una sanción económica en caso de incumplimiento, como alternativa a un gravamen sobre todas las emisiones del transporte marítimo. Eso significaría que, si los países cumplieran plenamente la norma sobre combustibles, ninguna emisión tendría que hacer frente a la tasa.

Dificultades respecto a la aplicación

A pesar de las diferencias de opinión, los Estados miembros siguen intentando acordar medidas globales para evitar que más países regulen la actividad a nivel nacional, pues esto fragmentaría el mercado, con normas locales diferentes. En esa línea, la UE, ha declarado que podría incorporar más emisiones del transporte marítimo internacional a su mercado local de CO2 si la OMI no acuerda un precio mundial de las emisiones para 2028.

Por otro lado, también siguen abiertas las cuestiones sobre quién administraría la tasa y cómo se reinvertirían sus ingresos. Los diplomáticos han sugerido que un compromiso podría consistir en que la OMI decidiera un precio del carbono diseñado para garantizar que no tuviera que contabilizarse como un impuesto; por ejemplo, generando una política con el objetivo principal de reducir las emisiones, en lugar de aumentar los ingresos.

Mientras, una propuesta de Canadá sugiere que la OMI acuerde el diseño básico de un precio de las emisiones, pero aplace la decisión sobre cómo se gastarían sus ingresos, una cuestión políticamente controvertida que echó por tierra negociaciones anteriores.

Por MundoMaritimo