Crías de cerdo en una explotación de porcino en Girona. Efeagro/Robin Townsend

La adaptación de las granjas de porcino a las nuevas exigencias nacionales sobre bienestar animal supondrá un sobrecosto por ganadero de más de 300.000 euros, según han calculado las organizaciones profesionales agrarias Asaja y COAG.
En concreto, los cálculos realizados por el sector, en base a presupuestos reales, recogen un sobrecosto por encima de los 300.000 para adaptar las granjas a la reducción de densidades por metro cuadrado que, en el caso de querer ampliar la superficie de las misma para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros.

Por ello, han solicitado en un comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una prórroga de tres años adicionales, (hasta 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas.
Esta prórroga permitiría la adaptación gradual y ordenada a los nuevos requisitos sin una «drástica caída» de la producción así como la alineación con la normativa europea porque se permitiría esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008.
Cerdos en un criadero.

Entre otros beneficios de esa prórroga, estas dos organizaciones creen que se podría establecer un plan coordinado entre el Gobierno, las autonomías y productores para una transición «ordenada y efectiva».
En relación a ello, COAG y Asaja han reclamado también al MAPA ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas.

Estas ayudas servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.

Además, los ganaderos se enfrentan a dificultades «significativas» para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas.
Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal, según han expresado.

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