Luis Almagro, secretario de la OEA, (izq.) dijo que en las protestas que afectan a la región hay grupos infiltrados. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio un espaldarazo al presidente Lenín Moreno.

El representante del Sistema Interamericano se reunió ayer con el Jefe de Estado en Carondelet, donde “elogió” las acciones adoptadas por el régimen durante el paro, sobre todo, en su apertura al diálogo social y político.

“Queremos felicitarlo por las decisiones que fue tomando en los días de la protesta, de aislar la protesta social de los violentos, de la criminalidad, de la advocación política que no respeta principios de democracia y derechos humanos”, señaló el Secretario.

Más temprano, Moreno y Almagro participaron en la inauguración de la Séptima Reunión de Ministros de Seguridad de las Américas (Mispa).

Se trata de un encuentro hemisférico para sumar esfuerzos con el propósito de enfrentar a la delincuencia organizada transnacional. En la cita, que se extiende hasta hoy, participan 14 ministros de Seguridad, cancilleres y viceministros de la región.

El inicio del Mispa coincide con las protestas violentas en Chile, Bolivia y Haití, por lo que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, planteó evaluar estos procesos para que “no vuelvan a repetirse”.

La funcionaria refirió que, en el caso de Ecuador, causó preocupación una nueva forma de violencia organizada, financiada, que “aprovechando los momentos de crisis busca crear conmoción no solo para desestabilizar gobiernos, sino deslegitimar la democracia y el Estado de Derecho”.

Romo hizo una diferenciación con la protesta social y dijo que el proceso que vivió el país fue complejo, con motivaciones diversas. “Para aquellas protestas que se encuentran en el descontento frente a una realidad social o económica, la respuesta del Estado ha sido la escucha, el diálogo”.

Almagro también ofreció un discurso apegado a esa postura. Refirió que las marchas y manifestaciones forman parte de la libertad de expresión, pero rechazó los actos vandálicos, como la quema del edificio de la Contraloría.

El chileno cree que estos grupos violentos impulsan “otros intereses políticos, de interrupción de mandatos constitucionales”. El Secretario de la OEA y la ministra Romo reiteraron la necesidad de hacer frente a problemáticas estructurales para alcanzar una mayor seguridad en el continente.

Citaron a la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, entre otros factores, como tareas pendientes de los Estados. En su discurso, el presidente Moreno volvió a referirse a la actuación del anterior Gobierno.

Apuntó que muchos pueblos han heredado crisis derivadas de “políticas irresponsables y demagógicas”. Asimismo, se refirió al paro nacional que afectó el país y ratificó que hubo “grupos armados infiltrados” que buscaban desestabilizar la democracia.

Anunció que las protestas en Ecuador produjeron una afectación de USD 2 500 millones, es decir, casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, pidió adoptar una posición “fuerte, regional e integral para enfrentar a los enemigos de la democracia”.

Por la tarde, el Secretario de la OEA dio una conferencia en la Cancillería. Abordó los retos futuros de la democracia. Además, destacó el compromiso mostrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Sistema Interamericano.

Misión de la CIDH
Mientras el representante máximo de la OEA cumplía su agenda en el país, ayer finalizó su tarea la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante tres días, un equipo de ese organismo -adscrito a la OEA pero que actúa de manera autónoma- recabó información sobre el accionar del Gobierno durante el paro y recogió testimonios de presuntas vulneraciones a los derechos humanos en las protestas.

Ayer 30 de octubre, los delegados recorrieron Cuenca, Latacunga y Guayaquil. Tres técnicos ingresaron al Centro de Detención de Cotopaxi para hablar con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien cumple una orden de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

También hablaron con el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. Los delegados dijeron que los audios de las entrevistas fueron borrados.

En su cuenta de Twitter, Pabón aseguró que la CIDH requirió al Gobierno un informe de los detenidos en el paro. En la Universidad Técnica de Cotopaxi contaron sus versiones indígenas de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. A la cita asistió Leonidas Iza, dirigente de la Conaie.

En Cuenca, los delegados dialogaron con representantes del Ejecutivo y de la sociedad civil. El gobernador, Xavier Martínez, explicó que entregó toda la documentación referente a detenidos y heridos.

El prefecto, Yaku Pérez, ingresó con 25 personas de Azuay, Cañar y Loja. Solicitó que se investigue “toda la represión” y los destrozos causados en la Contraloría. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, visitó Guayaquil. Allí se reunió con el prefecto Carlos Luis Morales, entre otras autoridades. Igualmente, se recibieron testimonios de afectados.

Se prevé que la CIDH haga público hoy un comunicado preliminar sobre la misión. La ministra Romo dijo que el Gobierno, a través de Cancillería, remitirá un informe de todas las medidas que se tomaron, disuasivas y de seguridad.

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